El juez federal subrogante de Sáenz Peña, Aldo Alurralde, procesó sin prisión preventiva al jefe comunal de Taco Pozo, su hijo Alejandro y otros tres empresarios chaqueños por presunto lavado de fondos ilícitos provenientes de hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Omar Judis como rector de la Uncaus. Además, les trabó embargo por $100 millones a cada uno.
En un escrito de 118 carillas firmado ayer, el magistrado describió las operatorias llevadas adelante por los imputados para blanquear el dinero proveniente de hechos de corrupción durante la gestión del exrector Omar Judis al frente de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), condenado por esos hechos y con procesamiento firme en esta causa.
Según la hipótesis de la investigación, todos los imputados fueron engranajes del entramado delictivo presuntamente liderado por el ingeniero Judis con el objetivo de incorporar al circuito legal los fondos públicos apropiados durante su gestión al frente de la Uncaus. Para el magistrado, tanto “los Ibáñez” como “los Varela” habrían actuado como testaferros del exrector ya que mantenían con él una relación de varias décadas de amistad.
Así, el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, fue procesado como presunto autor del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, como miembro de una banda y por ser funcionario público. Similar acusación, aunque sin este último agravante, les corresponde a su hijo Alejandro Ibáñez, a quién se apunta como presunto testaferro de su padre (“resulta inescindible el obrar de padre e hijo”, señala el procesamiento), y a los empresarios Jorge Varela, Nelson Varela y Juan Carlos Tymkiw. Además del procesamiento, que no incluye la prisión preventiva, el juez Alurralde trabó embargos por 100 millones de pesos para cada uno de los imputados.
En tanto, dos mujeres que se desempeñaban como pasantes en la Fundación Uncaus fueron procesadas como supuestas partícipes secundarias del delito de lavado de activos por depositar y retirar una numerosa cantidad de cheques en nombre de la citada fundación.
“Las pruebas recolectadas al presente me llevan a concluir que la posibilidad delictiva enrostrada tiene asidero suficiente para abrir el proceso penal propiamente dicho, es decir; con todas las garantías del debido proceso y circunscripto a los hechos observados como presuntamente delictivos”, sostiene el juez Alurralde, en los fundamentos del auto de procesamiento.
La causa
En febrero de 2023, el ingeniero Omar Judis fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, agravado por habitualidad y por su calidad de funcionario público. También se hizo lo propio con su hijo Enzo Judis, la actual pareja de Omar Judis, Marcela Pobi, y otras once personas entre las que se encontraba el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez.
A fines de mayo de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó los procesamientos de siete de las 14 personas, entre ellas el propio jefe comunal, por considerar que el juez de primera instancia no evaluó la participación de cada uno de los imputados en los hechos investigados y que tampoco tuvo en cuenta los descargos realizados por sus defensas. El tribunal de alzada también les había dado la razón a las defensas respecto de una supuesta doble imputación por parte del juez instructor por el delito de lavado de activos y también por el de asociación ilícita.
Los “kioskos de los Ibáñez”
En el procesamiento, el magistrado advierte que “no se pretende de atribuirle a Carlos Ibáñez ni la adquisición de algún bien mueble o inmuebles; ni menos aún connivencia por “trabajar” con su hijo, sino haber encubierto detrás de las actividades comerciales de su hijo, el blanqueo de fondos ilícitos; tarea que realizaban entre ambos como uno de los “kioscos” –parafraseando al coimputado Jorge Varela- de los que se servía la organización para incorporar fondos obtenidos de manera ilegal”.
En ese contexto, el juez Alurralde sostiene que Alejandro Ibáñez, hijo del intendente de Taco Pozo, “no puede justificar ni siquiera el motivo por el cual se presenta como supermercadista/autoservicio y está inscripto en múltiples actividades que él mismo desconoce como ocupación”. Al respecto, el magistrado describió que cuenta con una flota de más de dos docenas de vehículos, en su mayoría camiones de gran porte, y que sólo cuenta con tres empleados registrados.
En el escrito, el juez admite que en esta etapa inicial de la investigación “no resulta con precisión la data cierta y concreta del comienzo de funcionamiento de la asociación ilícita para la comisión del delito de lavado de activos”. No obstante, reconoce que a partir del desmanejo advertido con los fondos de la UNCAus y de la Fundación UNCAus “se evidenció un desvío de fondos hacia empresarios y comerciantes amigos –de confianza (de Judis)- y entre ellos precisamente estaba Carlos Antonio Ibáñez y ello justificaría también el meteórico ascenso económico de su hijo Alejandro Carlos”.
“Las evidencias permiten conjeturar sin mayor hesitación que las actividades ilegales de Carlos Antonio Ibáñez eran desplegadas junto con su hijo empleando este “paraguas” de inscripciones fiscales múltiples”, señala el magistrado.
Para el juez, el dinero apropiado era invertido “en una gran cantidad de activos físicos que incluían bienes registrables en el país y fundamentalmente en el exterior”.
El “plus” de sacar los fondos del país
En el caso del empresario y contador Juan Carlos Tymkiw, dueño de la constructora Tridelta SA y de INTYM SA, se sospecha que habría utilizado fondos de origen ilícito para la adquisición de un inmueble en la ciudad de Miami, otro en Coronel Du Graty, un camión Mercedes Benz y también para acreditaciones bancarias por más de 6 millones de pesos entre 2011 y 2016. En ese sentido, el magistrado consideró que “no se ha acreditado la efectiva prestación de servicios que fundamenten los movimientos bancarios”.
Además de Tridelta SA y Intym SA, el empresario también conformó las firmas Indupret SA y Gancor SA en Argentina, más otras dos en los Estados Unidos y una sociedad offshore en Panamá.
De acuerdo al procesamiento, “la pericia especial” del contador Tymkiw y las empresas por él formadas en otros países, “permite al grupo delictivo un plus, un adicional al momento de licuar los fondos; básicamente para sacarlos del país”.
También Tymkiw registró operaciones de cambio con moneda extranjera por más de 20 millones de pesos para la empresa Tridelta SA, acreditaciones cercanas a los 500 millones de pesos a favor de la misma constructora entre 2011 y 2017 y la adquisición de un Mini Cooper, dos camionetas Jeep Grand Cherokee, una Nissan Murano, una Honda CRV y una Hyundai.
A los empresarios Jorge Varela y su hijo Nelson Varela se les atribuye haber utilizado a la empresa Vare-Vial SRL para poner en circulación dos camionetas VW Amarok y un Toyota Corolla presuntamente adquiridas con fondos ilícitos, además de la compra de distintos inmuebles, camiones, maquinarias y el blanqueo de más de 60 millones de pesos a través de acreditaciones bancarias entre 2014 y 2018.