Aída Ayala y Jacinto Sampayo se abstuvieron de declarar en el inicio del juicio: momentos claves de la audiencia
La causa involucra a 17 acusados, entre ellos la exintendente de Resistencia y el secretario general del STM, quienes enfrentan cargos por liderar una banda dedicada al lavado de activos. Se examinan las maniobras juzgadas y las “personas de confianza” que cooperaron en el proceso.
Tras cinco años de investigación en la Justicia Federal, el juicio de la causa Lavado II tuvo su primera audiencia, donde los imputados optaron por no declarar. La exintendente Aída Ayala asistió al Tribunal Oral Federal de Resistencia, escuchó parte de la acusación y decidió abstenerse de declarar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, no asistió físicamente debido a problemas de salud, participando por videoconferencia. También optó por no declarar. Tras discutir cuestiones técnicas y leer fragmentos del requerimiento de elevación a juicio, cada imputado decidió abstenerse.
El proceso continúa con sol, cielo mayormente nublado y ascenso de temperatura: la misma superará los 28 grados. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la “organización delictiva” fue sumando más personas que aportaron medios, nombres y personas para “la construcción de un complejo entramado societario, cuya característica principal fue el ocultamiento de sus verdaderos socios o dueños”.
Los roles de los imputados varían: Ayala y Sampayo son acusados de conformar la organización, manipulando procesos de licitación para beneficio propio. Diversas empresas y personas están implicadas en maniobras de lavado de activos, como la compra de bienes inmuebles, vehículos y pago de servicios.
El juicio continúa con la participación de 17 imputados, enfrentando acusaciones de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y lavado de activos. La organización, encabezada por Ayala y Sampayo, está acusada de diseñar mecanismos para beneficiarse económicamente a través de la adjudicación de prestaciones municipales y el ocultamiento de fondos ilícitos.
El MPF sostiene que esta organización delictiva operaba mediante acuerdos de voluntades entre funcionarios municipales y empresas proveedoras, utilizando sociedades creadas a medida para encubrir identidades y realizar complejas maniobras de lavado. Los imputados enfrentan una variedad de cargos, desde asociación ilícita hasta lavado de activos.
El juicio continuará evaluando las pruebas presentadas y determinando las responsabilidades de cada acusado en estas complejas maniobras de lavado de activos y corrupción.