Del análisis del decreto completo se desprenden varios puntos que tienen incidencia directa en el sector agropecuario, además de los que mencionó explícitamente Milei en su discurso.
“El sector agropecuario debe ser un factor esencial para salir de la emergencia y para ello es necesaria una fuerte liberación de la actividad”
La frase forma parte de los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el miércoles por la noche por cadena nacional el presidente Javier Milei y que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, y que sienta –según el Gobierno– las “bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
De allí que no sorprende que, entre las leyes que se buscan derogar o modificar a través del DNU, haya varias que regulan actividades del campo y la agroindustria.
“Se torna imperioso acrecentar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores tuvieron en mente al sancionar la Constitución Nacional”, añade el texto normativo firmado por Milei y sus ministros.
LA YERBA MATE, CON PRECIO LIBRE
Como el primer punto a atacar que menciona el DNU, está una “necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad”.
¿Qué significa esto? “Impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, subraya el decreto.
Vale recordar que, actualmente, el INYM es el que termina siempre definiendo el precio de la hoja de yerba mate, porque los industriales con los productores no logran ponerse de acuerdo. A partir de ahora, se desprende que la idea es que el valor ya no esté regulado y sea de libre negociación entre las partes.
“En esa línea, corresponde derogar la Ley N° 27.114 que impone limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate”, añade el DNU.
Esto promete ser uno de los tantos temas polémicos entre los planteados por la administración de Milei, ya que la producción de yerba mate es una de las más reguladas en cuanto a sus condiciones y una liberalización total es probable que genere múltiples reclamos en las zonas productoras de Misiones y Corrientes.
EXPORTACIONES LIBRES
Por otra parte, el decreto ratifica lo expresado por Milei en relación a que “a partir de hoy está prohibido prohibir exportaciones”.
En concreto, lo que propone el Ejecutivo es una profunda reforma del Código Aduanero y la eliminación del registro de exportadores e importadores, “toda vez que nuestro país es uno de los pocos en el mundo que requiere participar de un registro para exportar o importar, lo que crea barreras artificiales que solamente encarecen los productos, con grave perjuicio para sus habitantes”.
LAS OTRAS LEYES REFERIDAS AL AGRO
Otras modificaciones relacionadas al campo son las siguientes:
Es imprescindible efectuar modificaciones en la Ley N° 9.643 que regula los certificados de depósito y warrants. Es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola. Deben derogarse la Ley N° 18.770 de régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno y la Ley N° 26.736 que regula el mercado de pasta celulosa y papel para diarios. En línea con esa eliminación de restricciones que limitan el ágil funcionamiento del sector agropecuario, es necesario derogar la Ley N° 12.916 que crea la Corporación Nacional de Olivicultura, la Ley N° 18.859 de envases nuevos y de único uso para productos destinados a la alimentación del ganado y la Ley N° 19.990 de regulación de la actividad algodonera.