A pesar de haber recibido una notable coparticipación, los habitantes de Corrientes siguen enfrentando serios problemas económicos que no muestran signos de mejora. La situación del transporte público es particularmente alarmante, con tarifas de colectivos que han alcanzado los $990, convirtiéndose en las más altas de Argentina. Este incremento afecta gravemente a los ciudadanos, que ya están luchando con la inflación y otros problemas económicos.
En este contexto, el intendente de Corrientes parece más enfocado en mantener una relación favorable con el gobierno provincial y su administración, alineándose con la gestión libertaria en lugar de atender las necesidades urgentes de la población.
La crisis del transporte no solo impacta a los usuarios, sino también a los trabajadores del sector. Choferes de las empresas Turismo Miramar y Estrella del Sur, apoyados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se manifestaron en las calles céntricas de la ciudad y finalizaron en la Municipalidad de Corrientes. Reclaman por sus puestos de trabajo y se oponen al desalojo del acampe instalado en la esquina de la empresa. El conflicto, que lleva una semana y media, comenzó cuando 26 trabajadores recibieron telegramas de suspensión.
“La empresa nos dice que está en crisis y no puede pagarnos, pero los meses anteriores cobramos bien, sin aumento del boleto. Ahora que aumentó, nos hacen esto”, expresó uno de los choferes. Agregó que la notificación es por 60 días, pero si vuelven, tendrán que trabajar 30 días más para cobrar, es decir, estarían 90 días sin ingresos, sin tener para la comida de sus familias.
Existe incertidumbre y preocupación entre los choferes debido a que no se les ha aclarado si volverán a sus puestos tras los 60 días de suspensión. “Actualmente los choferes que trabajan no dan abasto, cumplen turnos de 16 horas diarias y no completan sus francos”, sostuvieron.
Además, la provincia sigue sin tomar decisiones sobre la obra pública nacional que se encuentra paralizada, lo que tiene un grave impacto negativo en la economía local. La falta de avances en proyectos de infraestructura no solo retrasa el desarrollo, sino que también afecta directamente al empleo y a los ingresos de muchas familias correntinas.
Mientras los dirigentes locales buscan respuestas y soluciones en el Congreso, los ciudadanos continúan esperando que los recursos de la coparticipación se traduzcan en mejoras tangibles y en alivio para su difícil situación económica.