En una sesión extraordinaria y con la ausencia de varios diputados, la Legislatura de la provincia del Chaco aprobaron el proyecto de ley 1861/24, que eleva las multas por desmontes ilegales y crea un nuevo régimen de restauración obligatoria de los bosques nativos afectados.La norma modifica la Ley 2079-R y establece que quienes desmonten sin permiso o realicen prácticas silvopastoriles sin autorización podrán recibir multas de hasta diez veces el valor base por cada hectárea afectada. Las sanciones serán aún más severas si las infracciones ocurren en zonas de alto valor de conservación (categoría amarilla o roja del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) o si se detecta el uso de cadenas para la remoción del monte.
Además de las multas económicas, la nueva legislación incorpora por primera vez la obligación de restaurar el bosque nativo dañado. Los infractores deberán presentar y ejecutar un plan de restauración aprobado por la Dirección de Bosques. En caso de incumplimiento, será el Estado quien lo lleve adelante, con cargo a los responsables.
El proyecto de ley fue impulsado por el diputado Juan José Bergia, con acompañamiento de iniciativas del Poder Ejecutivo y del legislador Rubén Guillón. Según el texto aprobado, el objetivo es responder a la creciente presión sobre el monte nativo y las prácticas ilegales que persisten a pesar de los marcos normativos vigentes.
En los fundamentos, se cita un informe de Greenpeace que señala que solo en los primeros cuatro meses de 2023 se desmontaron casi 20 mil hectáreas en el Chaco, en su mayoría en zonas donde esa práctica está prohibida. La ONG también denunció, en protestas públicas, la falta de resultados concretos en la restauración de los bosques devastados.