La conmemoración del golpe militar no solo es un acto de recordación, sino un deber moral para mantener viva la memoria de las atrocidades cometidas durante aquel sombrío período de la historia argentina. La ausencia de algunas autoridades no solo resulta preocupante, sino que también envía un mensaje de indiferencia hacia las víctimas y sus familias, así como hacia la lucha por la verdad y la justicia.
En un día de profunda significación para la memoria colectiva argentina, el silencio del gobernador Gustavo Valdés brilla con desconcertante intensidad. Mientras el país entero honra el recuerdo del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, la ausencia de pronunciamientos o gestos por parte del máximo representante de la provincia de Corrientes ha sido evidente y preocupante.
A diferencia de esta omisión, el intendente de la ciudad tomó la iniciativa de encabezar un acto en una plaza del Barrio Ponce. Sin embargo, la falta de acción por parte del gobernador y su administración ha levantado serias interrogantes sobre su postura frente a este oscuro capítulo de la historia argentina.
Resulta innegable que el silencio oficial del gobernador podría estar motivado por su alineamiento total con el gobierno nacional. Esta alineación política posiblemente explique su reluctancia a tomar posición, sobre todo considerando la marcada postura ideológica del Presidente de la Nación y su Gobierno respecto al golpe de 1976 y la política de derechos humanos en el país.
En un momento en que la democracia y los derechos humanos son valores fundamentales e inquebrantables, es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad en la preservación de la memoria histórica y en la defensa de los principios democráticos. El silencio del gobernador ante un acontecimiento de tal magnitud no solo es desconcertante, sino también inaceptable en una sociedad que busca construir un futuro sobre los cimientos de la verdad y la justicia.