Los defensores del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj; de Formosa, que estuvo representada por su Adjunta, Sylvina Portillo; de Santa Fe, Jorge Henny, y de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presentaron formalmente una solicitud ante la Dirección Nacional de Vialidad en Buenos Aires, a cargo de Raúl Bértola, por el estado de la Ruta Nacional N°11.
En tal sentido, reclamaron que el Gobierno nacional “defina los proyectos, licitaciones y acciones urgentes que recuperen la transitabilidad plena de la Ruta Nacional N° 11, traza que en toda su extensión presenta obras inconclusas, demandando reparaciones, bacheos en prolongados tramos y que son necesarios para evitar continuar poniendo en riesgo vidas humanas y por otra parte, dar respuestas a los miles de vehículos que diariamente transitan la misma y que transportan la producción del Noroeste Argentino”.
Bernardo Voloj afirmó que junto a los defensores del Pueblo de Formosa y Santa Fe se presentó “un mapeo de relevamiento del estado actual de todo el recorrido de la Ruta Nacional Nº 11 y que atraviesa las Jurisdicciones de nuestras provincias, el cual será debidamente presentado al actual administrador General de Vialidad Nacional”.
Se incluyó, además, el pedido de continuidad, reparación, mantenimiento e iluminación de las Rutas Nacionales Nº 89, 16 y 95.
GESTIÓN POR LOS PLANES DE AHORROS
Por otro lado, los funcionarios se reunieron con Daniel Vítolo, actual titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, a quien le demandaron el dictado de nuevos instrumentos conforme a su competencia, que permitan “dar respuesta a los cientos de adherentes y adjudicatarios de -Planes de Ahorros para Fines Determinados- que vienen recibiendo desmedidos aumentos en sus cuotas mensuales que superan ampliamente más del 300%, lo que las convierten en impagables y colocan a los consumidores, no solamente en mora en los pagos, sino también, ante la posibilidad cierta de ser pasibles de Ejecuciones Prendarias por parte de las Sociedades Administradoras, quienes aplican incrementos excesivos e ilegales”.
El titular de la IGJ se comprometió a evaluar las peticiones y a impulsar las acciones necesarias dentro de las facultades que le otorga la Ley Nº 22.315, para de esta manera, proteger los intereses económicos de los consumidores, asegurando este sistema de ahorro como un medio para acceder a un vehículo 0 km, estableciendo diferentes alternativas, entre ellas, un régimen de diferimiento de pagos que permita el cumplimiento de las obligaciones en condiciones equitativas, contemplando la adaptación progresiva de las cuotas partes de los contratos al valor del bien – tipo en condiciones de suficiente gradualidad y analizar la suspensión de las ejecuciones prendarias hasta diciembre del 2024.