El pasado viernes 19 de abril, la comunidad laboral de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fue sacudida por una ola de despidos que afectó a 103 empleados en todas sus sedes: Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires. Este hecho ha generado una gran controversia, especialmente debido a las sospechas de que los despidos podrían tener motivaciones políticas, particularmente relacionadas con afiliaciones partidarias.
Entre los desvinculados, se encontraban algunos trabajadores que tenían vínculos con La Cámpora, lo que ha llevado a especulaciones sobre la intencionalidad política detrás de estas decisiones. Sin embargo, fuentes cercanas a los afectados señalan que la mayoría eran empleados “laburantes”, sin cargos políticos, que simplemente cumplían con sus responsabilidades laborales.
La sede más afectada por estos despidos es la de Posadas, Misiones, donde se espera que de los 200 trabajadores, apenas queden 40 en las próximas semanas. Esta drástica reducción del personal ha despertado preocupación tanto en los trabajadores como en la comunidad en general, debido al impacto económico y social que puede tener en la región.
Las decisiones de despidos parecen ser parte de una estrategia más amplia de reducción de personal, ya que se ha mencionado la posibilidad de una segunda etapa de recortes que afectaría a otros 120 empleados. Se espera que esta nueva ola de desvinculaciones se lleve a cabo tanto mediante despidos directos como a través de ofrecimientos de retiro voluntario.
La figura del director ejecutivo de la EBY, Alfonso Peña, ha estado en el centro de las críticas, ya que se le atribuye la responsabilidad de estas decisiones bajo la supuesta asesoría del exdirector de la entidad durante la presidencia de Mauricio Macri, Humberto Schiavoni. Se sugiere que Schiavoni estaría influyendo en la identificación de los empleados a despedir.
La falta de comunicación por parte de las autoridades locales, tanto del gobierno de Corrientes como del municipio de Ituzaingó, ha dejado a los afectados sin respuestas claras sobre el futuro de sus empleos y sin canales para expresar sus preocupaciones. Esta situación ha llevado a algunos trabajadores despedidos a considerar la posibilidad de presentar demandas colectivas en busca de justicia laboral.
Este no es el primer episodio de despidos masivos en el ámbito energético en la región, ya que en diciembre de 2023, apenas semanas después de que Javier Milei asumiera la presidencia del país, 450 obreros fueron despedidos en la represa Añá Cuá. Estas acciones han dejado en evidencia la fragilidad del empleo en un contexto de cambios políticos y económicos, generando incertidumbre y preocupación entre los trabajadores y la comunidad en general.