“Una mirada crítica a las nuevas resoluciones de ciberseguridad en Argentina y su impacto en la libertad individual en la era digital.”
Por Pedro M. Cacivio
Perito Informático de Nación.
En la actualidad, la ciberseguridad y el control gubernamental sobre el pensamiento de la gente se han convertido en temas de creciente preocupación. Es ampliamente conocido que las redes sociales manejan el perfil psicológico de las personas hasta el punto de poder modificar sus opiniones sobre ciertos temas. Un claro ejemplo es cómo Estados Unidos ha expresado su preocupación por la influencia de la red social TikTok en su población, llegando a prohibirla debido a temores de que pudiera afectar los resultados de futuras elecciones.
Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿por qué otras redes sociales, que son incluso más populares y utilizadas, no son consideradas igualmente peligrosas para la población? La respuesta es simple: estas redes reportan directamente a las autoridades de la NSA (National Security Agency). Para que esto sea posible, Estados Unidos modificó sus leyes después del 11 de septiembre, con la caída de las torres gemelas, otorgando poderes absolutos a las autoridades para investigar a cualquier persona, sospechosa o no de participar en actividades delictivas.
En Argentina, nos encontramos ante una situación preocupante con la reciente Resolución 710/2024, que permite investigar a cualquier ciudadano a través de las redes sociales utilizando inteligencia artificial. Esta resolución, que puede consultarse en detalle en el Boletín Oficial (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311381/20240729), dispone la creación de unidades de Cibercrimen, una medida necesaria en los tiempos actuales. Sin embargo, también aborda el uso de IA para investigar a las personas sin establecer restricciones claras.
El problema radica en que esta disposición permite al estado investigar a cualquiera que exprese opiniones en las redes sociales, como lo estoy haciendo yo en este momento. Este tipo de vigilancia podría llevar a que cualquier persona que opine de manera diferente sea considerada una amenaza. Esta estrategia no es nueva; el gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Aníbal Fernández también intentaron implementar medidas similares en su momento, aunque ahora se presenta de manera encubierta a través de la Resolución 710/2024.
La gran pregunta es: ¿qué garantías existen de que esta herramienta no se usará para manipular la opinión pública o restringir la libertad de expresión, afectando el empleo o la condición social de los ciudadanos? Es realmente preocupante, ya que estamos hablando de un atentado contra la libertad de expresión, la última frontera que tenemos para expresarnos libremente en Internet.
Es fundamental aclarar que estoy de acuerdo con el uso de estas herramientas para combatir estafas, crímenes, pornografía infantil, trata, robos y cualquier actividad delictiva en Internet. Sin embargo, si realmente se busca este objetivo, primero se debería capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad, que en muchos casos ni siquiera saben cómo decomisar correctamente dispositivos electrónicos, y mucho menos cuentan con equipos adecuados para realizar pericias. Actualmente, el 90% de las fuerzas en el país no dispone de los equipos necesarios para casos de cibercrimen.
Las estadísticas muestran que menos del 0.001% de los casos de estafas denunciados se resuelven.
Esto demuestra la ineficacia actual del sistema. No estoy en desacuerdo con el uso de herramientas para controlar actos delictivos, desde estafadores hasta altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, me opongo firmemente a la falta de restricciones sobre su uso en las redes sociales contra toda la población argentina.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido. La implementación de estas medidas sin restricciones adecuadas podría tener consecuencias graves para nuestra sociedad y nuestra capacidad para expresarnos libremente.