El anuncio del gobernador Valdés sobre el retorno del impuesto rural ha desatado una ola de indignación entre los residentes de las áreas rurales.
Después de dos años de alivio debido a la suspensión del gravamen durante la pandemia de Covid-19, ahora se espera que los habitantes vuelvan a desembolsar dinero en medio de una crisis sin precedentes. “Nosotros venimos invirtiendo muy fuerte”, afirmó el gobernador, como si las inversiones pasadas justificaran la imposición de una carga financiera adicional sobre aquellos que ya están luchando para llegar a fin de mes. Mientras tanto, la realidad es que los residentes rurales han soportado la carga de la suspensión del impuesto durante dos años, solo para ver cómo el gobierno vuelve a ponerles la mano en el bolsillo en su momento de mayor necesidad.
“Estamos fondeando el Fondo de Desarrollo Rural y necesitamos recursos para mantener nuestros caminos transitables”, explicó el gobernador, como si el sacrificio de los ciudadanos rurales fuera necesario para asegurar la funcionalidad de las vías de transporte. Sin embargo, para aquellos que viven en estas áreas, el retorno del impuesto rural es percibido como una afrenta más en una serie de decisiones gubernamentales que parecen ignorar por completo sus necesidades y preocupaciones.
En resumen, el anuncio del regreso del impuesto rural no solo ha generado enojo, sino que también ha avivado el sentimiento de abandono por parte del gobierno en las zonas rurales, donde los habitantes se sienten despreciados y olvidados en medio de una crisis que parece no tener fin.