La recesión golpea con fuerza a Corrientes, y esta vez son 50 choferes del Grupo Miramar quienes sufren las consecuencias. La empresa, dirigida por el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, ha decidido suspender a estos trabajadores por 60 días sin goce de haberes, amparándose en el decreto de emergencia en el sistema de transporte del gobernador Gustavo Valdés.
La situación ha desencadenado protestas en el puerto de la ciudad, donde los trabajadores y sus familias expresaron su indignación ante estas medidas. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) ha brindado su apoyo a los afectados, convocando a manifestaciones y anunciando acciones futuras en defensa de los empleados.
La empresa justifica su decisión por la eliminación de compensaciones al sistema de transporte por parte del Estado Nacional, lo que afecta la viabilidad económica del contrato de servicio. Sin embargo, esto no justifica el impacto devastador en las vidas y sustento de 50 familias correntinas.
Es hora de que las autoridades provinciales y nacionales tomen medidas efectivas para proteger a los trabajadores y evitar que la crisis económica se siga traduciendo en despidos y suspensiones masivas. La solidaridad y la acción colectiva son esenciales en tiempos de adversidad, y es responsabilidad de todos asegurar que ninguna familia correntina se quede atrás en esta lucha por la justicia y la dignidad laboral.