Ganaderos denuncian que desde Santo Tomé hasta Bonpland es zona liberada

La frontera correntina so­bre el río Uruguay atraviesa una situación crítica y se ha tornado en una zona calien­te, donde la inseguridad está a la orden del día y de la no­che. Desde Santo Tomé has­ta Bonpland los productores denuncian la acción delic­tiva de cuatreros locales e inclusive bandas armadas llegadas desde Brasil.

Ganaderos denuncian que desde agosto, la situación se ha tornado insostenible. En el caso de Santo Tomé, brasileños cruzan de día en lanchas con motores fuera de borda, armados y con to­tal impunidad, para faenar ganado en los campos de la zona y regresar con la carne a San Borja, donde la comer­cializan en el mercado clan­destino.

En los últimos días, un grupo de delincuentes car­neó diez vacas preñadas en un establecimiento ganade­ro de Santo Tomé. La pérdi­da económica supera los 13 millones de pesos, pero el golpe más duro es simbóli­co: la sensación de despro­tección absoluta. “Esa gente anda armada. Imaginate si se genera un encuentro con los trabajadores del campo”, advirtió el productor Álva­ro Pellegrini, quien en una entrevista con el diario La Nación ayer denunció haber perdido en pocas semanas 18 animales.

AUSENCIA DE

PATRULLAJE EN EL RÍO

Lo insólito -denuncian- es que su campo está a apenas dos kilómetros de un puesto de la Prefectura Naval. Sin embargo, los efectivos no tienen medios para patrullar ni responder con eficacia. “Es desesperante lo que vi­vimos. Esta frontera siem­pre fue atacada, pero ahora se potenció. Los cuatreros faenan seis o siete animales, se llevan un cuarto y dejan el resto tirado. Con lo que cuesta criar un vientre du­rante tres años, es una im­potencia bárbara”, lamentó Pellegrini.

La indignación crece por­que, mientras del lado bra­sileño la Prefectura de San Borja detuvo esta semana tres lanchas cargadas con carne faenada de contraban­do, en el lado argentino no hay avances. “Toda la costa desde Santo Tomé hasta más allá de Bonpland es zona li­berada al abigeato. La Pre­fectura argentina no contro­la y la Policía Rural y de Islas (Priar) no tiene equipamien­to ni recursos para hacerlo”, remarcan los productores.

Ante la presión del sector en los últimos días, convo­caron para hoy a una reu­nión entre autoridades de la Prefectura, Gendarmería y la Policía Rural de Corrien­tes para coordinar acciones. Pero en el campo predomina el escepticismo. “Cada tanto se activan operativos y los casos bajan, pero después todo vuelve a lo mismo. No hay continuidad ni inver­sión”, cuestionan.

El diagnóstico es claro: el Priar carece de móviles ade­cuados, equipos de comu­nicación y embarcaciones propias para patrullar el río Uruguay. Los productores reclaman desde hace años más recursos humanos y tecnológicos, sin obtener respuesta concreta.

MÁS RESPUESTAS DE

BRASIL QUE DE ARGENTINA

La comparación con Bra­sil agrava la indignación. Mientras las fuerzas del país vecino lograron incautar embarcaciones y detener a los contrabandistas, en la costa argentina los controles brillan por su ausencia. “La Policía brasileña sí actúa. Acá, del lado argentino, nos sentimos abandonados. Es una zona liberada”, denun­cian los ganaderos.

El Ministerio de Seguri­dad nacional, conducido por Patricia Bullrich, guarda si­lencio frente a los reclamos. En la provincia admiten que recibieron denuncias en los últimos meses y que la Po­licía Rural incluso patrulló con sus propias embarcacio­nes el río, pero los resultados son insuficientes.

La realidad es que los de­litos rurales se multiplican. El robo de ganado y la faena clandestina ya no son he­chos aislados sino un flagelo en crecimiento, con bandas organizadas y armadas que operan con absoluta libertad en una frontera caliente.

“Nos cuesta tiempo, tra­bajo, sacrificio y dinero criar un animal. Que en un día te carneen varios es devasta­dor. Y encima no tenemos protección. Es incalculable lo que estamos sufriendo”, resumió Pellegrini.

Los productores corren­tinos reclaman respuestas urgentes. Exigen más patru­llajes de Prefectura, mayor presencia de Gendarmería, y equipamiento para la Policía Rural. “No pedimos privile­gios, pedimos que nos cuiden para poder seguir trabajando. La ganadería y la producción forestal sostienen la econo­mía de la región. Pero así no se puede”, concluyen.

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