El Gobierno de Corrientes aplicó un severo recorte al presupuesto judicial para 2025, generando alarma entre autoridades y empleados del Poder Judicial. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) había proyectado un presupuesto de $200 mil millones para cubrir las necesidades del próximo año, de los cuales $163.6 mil millones se destinarían únicamente a salarios de magistrados, fiscales, secretarios y otros funcionarios. Sin embargo, el Poder Ejecutivo habilitó solo $159.6 mil millones, muy por debajo de lo solicitado.
Este ajuste se produce en un contexto donde los empleados judiciales llevan meses reclamando aumentos salariales y mejoras tecnológicas, demandas que hasta ahora no han recibido respuesta por parte del gobierno provincial. Según las autoridades judiciales, el presupuesto asignado permitirá cumplir con apenas el 80% de las metas y objetivos trazados, quedando en incertidumbre la cobertura de salarios y mejoras de infraestructura.
El recorte pasó por dos instancias: inicialmente, el Ejecutivo otorgó un monto de $139.9 mil millones, que luego se ajustó a $159.6 mil millones, pero siempre lejos del total requerido para atender los compromisos del Poder Judicial.
En la Legislatura provincial, el proyecto de Presupuesto General de 2025, que contiene todas las previsiones de inversión y gastos para el próximo año, aún no ha sido tratado, y solo quedan cuatro sesiones del período ordinario para su discusión y aprobación. La incertidumbre crece entre los trabajadores judiciales, quienes temen que la falta de recursos impida cubrir las necesidades mínimas del sector.