En un contexto de incertidumbre política y económica que atraviesa Corrientes, el gobernador parece estar enfocándose en consolidar alianzas estratégicas de cara a las próximas elecciones. La habilitación de fondos no reintegrables a municipios oficialistas, mediante el Decreto Nº 2882 firmado el pasado 14 de noviembre de 2024, pone en evidencia una política discrecional que genera más dudas que certezas.
Como ha sido habitual a lo largo del año, este decreto permite el envío de partidas de dinero a intendencias afines al oficialismo, principalmente del partido radical y sus aliados. Sin embargo, el listado de municipios beneficiados, así como los montos otorgados y los destinos de los recursos, permanece oculto debido a que el anexo correspondiente no fue publicado en el Boletín Oficial. Esta falta de transparencia no solo impide el acceso a información clave para los contribuyentes correntinos, sino que también refuerza las críticas sobre el uso discrecional de los recursos provinciales.
El Decreto Nº 2882, publicado parcialmente el 11 de diciembre, establece en su artículo 1: “Otórgase un aporte no reintegrable a las Municipalidades detalladas en el Anexo que forma parte del presente decreto, por el monto y concepto que en cada caso se indica, como apoyo económico; con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia”. Sin embargo, la falta de publicación del anexo impide conocer cómo y dónde se están utilizando esos fondos.
Esta política de envíos discrecionales coincide con un momento crítico para los municipios, que en diciembre enfrentan la presión de cerrar el año fiscal. Además de cubrir los salarios mensuales, los intendentes deben garantizar el pago del aguinaldo, una carga que suele generar tensiones en las finanzas locales. Hasta el momento, solo el intendente de la ciudad de Corrientes ha anunciado medidas concretas: un bono de fin de año de $300.000 para los empleados municipales, pagadero en tres cuotas de $100.000 cada una entre diciembre 2024 y febrero 2025.
El contexto electoral del 2025, con una provincia golpeada por problemas de transparencia y una creciente desconfianza hacia el gobierno, parece estar marcando la agenda del gobernador. La habilitación de estos fondos a municipios oficialistas podría interpretarse como un intento de fortalecer alianzas territoriales y asegurar lealtades políticas en un momento en el que las urnas podrían reflejar el descontento de la población.
El manejo discrecional de los recursos genera interrogantes sobre las prioridades del gobierno provincial y la equidad en la distribución de los fondos. Mientras los municipios aliados reciben apoyo financiero, otras localidades quedan relegadas, agravando las desigualdades y profundizando las críticas hacia una gestión que parece priorizar los intereses partidarios por sobre el bienestar general de los correntinos.
En un escenario donde la transparencia debería ser clave para generar confianza, el ocultamiento de información crucial como los detalles del anexo del decreto solo refuerza las dudas sobre el verdadero objetivo de estos fondos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, queda por ver si los ciudadanos avalarán este tipo de estrategias o exigirán un cambio que ponga en el centro las necesidades reales de la provincia.
Si bien los intendentes tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso del dinero, la falta de transparencia deja abierta la pregunta de si estos fondos realmente serán destinados a mejorar la infraestructura, la salud o la educación, o si terminarán siendo utilizados para financiar la campaña electoral del 2025.
La sociedad correntina se pregunta: ¿estamos ante una ayuda real para las comunas o ante otro movimiento político disfrazado de apoyo económico?