En enero próximo, el Senado activará la llamada «Dieta 13», un esquema aprobado en abril que permitirá a los legisladores cobrar medio aguinaldo, representando aproximadamente $2,5 millones en bruto por senador. La medida se da en un contexto de tensiones por el posible descongelamiento de los haberes legislativos en 2025, lo que podría significar aumentos significativos en sus ingresos.
La «Dieta 13» fue parte de un acuerdo entre oficialismo y oposición que estableció un sistema basado en módulos: 2.500 módulos por dieta base, 1.000 adicionales por gastos de representación y 500 más por desarraigo, un beneficio que solo cuatro senadores no perciben. Además, se sumó una dieta extra para compensar el aguinaldo, llevando los ingresos brutos a más de $7 millones mensuales desde abril. La única legisladora que no participa de este esquema es Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación.
En julio, tras críticas por un aumento salarial del 6,6% que incluía a los legisladores, el Senado decidió congelar sus dietas hasta fin de año, excluyéndose de las paritarias que otorgaron un incremento acumulado del 6,13% a los empleados legislativos entre septiembre y diciembre. Ahora, surgen discrepancias sobre lo que ocurrirá a partir de enero. Algunos legisladores consideran que el congelamiento debería mantenerse, mientras que otros asumen que el ajuste del valor del módulo, fijado actualmente en $2.225,25, es inevitable, lo que llevaría las dietas brutas a superar los $9 millones.
El nuevo esquema del impuesto a las ganancias también complica el panorama, ya que ahora alcanza todos los conceptos salariales, reduciendo los ingresos netos de los senadores. Esto ha generado críticas internas, con varios legisladores señalando que en noviembre cobraron menos que en octubre.
La polémica reaviva el debate sobre el financiamiento de la política. Aunque las dietas han perdido poder adquisitivo con el tiempo, la opinión pública sigue marcadamente crítica hacia los legisladores, especialmente en un contexto donde persisten los cuestionamientos sobre sus patrimonios y la calidad de la representación política. Ejemplos recientes de desconocimiento sobre el reglamento legislativo por parte de algunos integrantes del Congreso no hacen más que alimentar esta percepción negativa.
El Senado cierra el año en medio de estas tensiones, sin definiciones claras sobre el rumbo de sus haberes en 2025, y con una creciente brecha entre la realidad interna y las expectativas ciudadanas.