Este lunes el fiscal federal, Guillermo Marijuan, pidió ante la jueza María Eugenia Capuchetti la declaración indatoria de la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, otros funcionarios y de Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, a fin de que den explicaciones sobre las escandalosas contrataciones que se registraron en la entidad bancaria.
El fiscal había acusado la exministra de Economía por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. También había sido imputada María del Carmen Barros, la gerenta general del Banco Nación.
La denuncia radico en que Batakis y Barros, sin contar con el aval del directorio, habrían intervenido en el ámbito de sus funciones para la contratación de Pitty, la numeróloga para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000. Así como también la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de la gerenta, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA.
Por otro lado, también Marijuan investiga el nombramiento de un amigo de Barros, Maximiliano Piantanida, en el cargo de Gerente Departamental del BNA.
Por otro lado, la titular del BNA está acusada de aprobar a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerente general de la entidad, comenzara a cobrar una desorbitante cifra. Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe Barros se acerca a los 9 millones de pesos. Su primer cobro fue equivalente a US$ 15.000.
El argumento que usó Batakis es que, en otros bancos, incluso en aquellos que son públicos, el gerente general tiene un salario de esa dimensión, por lo que correspondía habilitar esa suba. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión no solo por haberla tomado de manera unilateral, sino por el contexto económico post PASO en el que lo definió.