El conflicto por la inminente pérdida de 500 puestos de trabajo, de los trabajadores del sector que prestan servicio para la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), hasta ayer concesionaria de la Ruta del Mercosur, llevó a que en el Corredor Vial 18 se sumara a la protesta nacional del gremio de peajes, que liberó barreras en varias rutas estratégicas para exigir garantías laborales, entre ellas la vía que conecta a Chaco y Corrientes con el puente General Manuel Belgrano. .
La medida busca visibilizar el impacto social del fin de la concesión de Crusa y espera una resolución judicial que asegure la continuidad laboral de los empleados bajo una nueva gestión.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) inició un paro que derivó en la liberación de las barreras de peaje ubicadas sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Riachuelo, y en el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Corrientes y Chaco.
La medida de fuerza responde a la amenaza de despido de 500 trabajadores por parte de la empresa Caminos del Río Uruguay, que actualmente opera el Corredor Vial 18.
La acción gremial no se limita a la región. Según informaron desde Sutpa, “la medida se realiza, de manera solidaria, en todo el país”, como forma de protesta y visibilización del conflicto laboral ante el vencimiento de la concesión que actualmente tiene la empresa sobre los corredores viales.
Las rutas afectadas por la protesta son parte de un conjunto estratégico conocido como las “Rutas del Mercosur”, que incluyen las rutas 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
La medida adoptada por el sindicato implica la liberación total del cobro de peajes en los puestos ubicados en dicho corredor, permitiendo la libre circulación de vehículos. Esta estrategia busca ejercer presión sobre las autoridades y sobre la empresa, evitando al mismo tiempo mayores complicaciones para los usuarios de las rutas.
El conflicto se originó luego de que Caminos del Río Uruguay comunicara su decisión de efectuar 500 despidos ante el inminente vencimiento del contrato de concesión. Frente a esta situación, el gremio exige una solución inmediata que garantice la continuidad laboral del personal afectado.
Sutpa argumenta que los trabajadores involucrados cumplen funciones esenciales y deberían ser absorbidos por Vialidad Nacional, que asumiría el control del corredor una vez vencida la concesión.
En este sentido, se aguarda una resolución judicial que determine si se otorga una prórroga del contrato vigente o si se establece una transición que contemple la situación de los empleados.
El Corredor 18 tiene una importancia estratégica para el transporte nacional e internacional, especialmente por tratarse de vías que integran el circuito comercial del Mercosur. Por eso, cualquier conflicto en este ámbito puede tener repercusiones más amplias, tanto en lo económico como en lo social.
Mientras tanto, la liberación de barreras continuará de manera indefinida hasta que se obtenga una respuesta favorable por parte de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional. Sutpa mantiene su postura de que los trabajadores deben conservar sus fuentes laborales bajo cualquier esquema de gestión futura.