Tras tres semanas de paro en el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), ATE Corrientes está articulando una jornada conjunta con otros estatales que también demandan mejoras laborales y salariales. Este movimiento, que podría extenderse a la Legislatura, busca dar voz a los trabajadores en diversas áreas.
La profundización del paro en el ICAA motiva a ATE a coordinar acciones con otros organismos en conflicto por mejoras laborales y salariales. La medida podría también alcanzar la Legislatura correntina, con posible respaldo desde la bancada peronista.
Walter Zamudio, secretario general de ATE Corrientes, destacó: “Se está trabajando en una jornada ampliada con la participación de los organismos en conflicto. ATE está realizando una serie de medidas para unificar reclamos y defender los derechos laborales de todos los trabajadores”.
Entre los organismos involucrados se encuentran el ICAA, Vialidad Provincial, el Ente Regulador del Agua e INVICO. Cada uno presenta demandas específicas, pero comparten la necesidad de ser escuchados y atendidos por las autoridades.
En el ámbito legislativo, ATE busca apoyo en diputados y senadores, especialmente en aquellos que expresan sintonía con los reclamos sindicales. La movilización de la central obrera busca visibilizar las problemáticas comunes y presionar por soluciones concretas.
El paro en el ICAA se mantiene ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Los trabajadores exigen el cumplimiento del escalafón y la restitución de un adicional que les fue quitado unilateralmente.
En la antesala del Día del Trabajador, desde ATE Corrientes anuncian su adhesión a la medida nacional convocada por la mesa nacional de ATE. La movilización se suma a otras acciones sindicales en defensa de los derechos laborales y en rechazo a medidas que perjudiquen a los trabajadores.
Por último, la Junta Interna del ex Ministerio de Desarrollo Social de ATE rechaza la eliminación del monotributo social, medida que afectaría a más de 600.000 personas en situación de vulnerabilidad económica. Esta modificación, incluida en la reforma de la Ley de Bases, amenaza los puestos de trabajo y desincentiva la formalización de actividades económicas a nivel federal.